Hacia un gobierno digital

La pandemia del coronavirus desnudó a nuestro país, demostrando que teníamos graves falencias en infraestructura y en administración; frente al letal virus, nuestros gobernantes se vieron forzados a tomar decisiones audaces; se vio mucha improvisación e incertidumbre; aunque, debemos reconocerlo, tuvimos algo de suerte al contar con brillantes profesionales, no solo en el área de la salud, sino también del mundo digital.

Hemos sido forzados, unos más que otros, a hacer trámites en línea, a usar la identidad y la firma digital; hoy por hoy, prácticamente todos -o casi todos- los servicios públicos están en línea: educación, salud, justicia, seguridad, pago de tributos, etc.; son más los servicios que están en línea que aquellos que no lo están.

Por ejemplo, estamos en las fechas de hacer nuestra declaración anual de impuestos, la misma que puede hacerse con toda comodidad desde nuestro teléfono móvil, deslizando algunas páginas con datos previamente cargados sobre nuestros ingresos, gastos y deducciones, presionar "enviar" y listo; después de breves instantes podremos visualizar el monto de la declaración de impuestos; ya no es indispensable un contador o técnico contable, no es necesario recoger formularios para rellenar, tampoco hacer cuentas; y, lo más resaltante, no necesitamos trasladarnos hasta una oficina o agencia de la Sunat para cumplir con dicha obligación. De hecho, cada vez es más escasa nuestra visita a las oficinas de la administración pública.

Los grandes laberintos burocráticos van quedando en el pasado, la nueva normalidad se sirve de las herramientas y posibilidades tecnológicas para desplazar o superar a la vieja burocracia; hemos ido siendo testigos de la digitalización de los poderes del Estado y de los órganos autónomos; por ejemplo, las sesiones del consejo de ministros y del pleno del congreso pueden -válidamente- realizarse en formato digital, mediante videoconferencia; las audiencias del sistema de administración de justicia también se realizan de la misma manera; el papel viene siendo cada vez menos utilizado.

El eje central del gran cambio es, sin duda, la transformación del rol del Estado y la digitalización de la confianza; en nuestro país, como en todos los países del mundo, la ciudadanía no confía en su gobierno; los procedimientos formales y el papeleo se implementaron para generar confianza entre la administración y el administrado, algo que nunca se consiguió, tan solo complicó más nuestra existencia. Por medio de las nuevas tecnologías se puede recuperar la confianza y crear o convertir un sistema de prestación de servicios públicos eficiente y centrado en el usuario, como una respuesta efectiva y activa a las necesidades de los ciudadanos.

Sería un grave error digitalizar la burocracia tal cual, no tendría sentido; se deben rediseñar las normas y los procedimientos, desterrando la recopilación innecesaria de datos (muchos en poder de la propia administración) y la duplicidad de tareas; procurar, en simultáneo, la apertura y la transparencia.

Resulta fundamental garantizar la privacidad y confidencialidad de nuestros datos y de nuestra información; para ello, se debe construir o consolidar una férrea identidad digital brindada por el Estado y que sea compatible con todo; bastaría con identificarnos de una manera segura y adecuada para poder acceder a todos los servicios públicos y que estos accedan a nuestros datos, previa autorización.

El Estado no debe pedirnos los mismos datos una y otra vez, tampoco tenerlos almacenados en más de un repositorio; las entidades públicas siguen exigiendo documentos que obran en poder del propio Estado; nuestros datos no solo deben estar protegidos, deben estar actualizados; además deben ser confidenciales e íntegros; el titular de la información y de sus datos es el ciudadano o la persona, teniendo derechos plenos sobre qué información se recopila y quién accede a ella.

Finalmente, cualquier sistema debe tener como centro al usuario; debiendo priorizar la inclusión plena, la apertura y la fiabilidad; el Estado, por medio de sus instituciones, debe garantizar la seguridad y la transparencia. El Estado debe confiar en nosotros y nosotros en el Estado. ¡Hagámoslo!

Por: Gerardo Barrera